Los Administradores de Fincas de Cantabria secundamos las protestas contra la nueva Ley de Tasas.
Consideramos que las comunidades de propietarios se van a ver perjudicadas a la hora de hacer valer sus derechos ante la justicia por unos procesos más caros y que se convierten en disuasorios. Me explico.
Es cierto que la parálisis de nuestro sistema judicial hace que los litigios se alarguen en el tiempo más allá del plazo razonable que se desea para evitar el calor del conflicto —Hay sentencias que se dictan cuando se ha olvidado la causa litis e incluso ha fallecido una de las partes, por edad—. Una de las causas es el exceso de casos de los que tienen que conocer sus señorías. Bien, pues que en vez de gastar el dinero en otros temas —y no voy a meter el dedo en la llaga—, que se convoquen más plazas de juez. Otra solución sería controlar esas demandas que salen gratis a los temerarios. Estoy pensando, por poner un ejemplo, en juicios de faltas con demandas sin pruebas que, si salen bien les ha tocado la lotería a los pícaros demandantes, si pinchan en hueso no pierden nada. Hacen perder el tiempo al personal judicial y suponen un coste para todos los españoles, económico y de oportunidad, de atender a otros litigios.
Por otro lado, imponer unas tasas de acceso a la Justicia supone cobrar al ciudadano por un derecho constitucional.
No deja de ser llamativo el hecho de que, por una vez, los españoles se hayan unido frente a algo. Los primeros, jueces y fiscales, a continuación los abogados y procuradores, seguidos por los demás colectivos relacionados con el ámbito procesal. El Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cantabria, encabezado por su presidente D. Alberto Ruiz-Capillas, ha hecho pública su adhesión a estas reivindicaciones y demandas mediante una nota de prensa.
Esta Ley de Tasas aprobada por el Ministerio de Justicia supone un incremento en el coste de los procesos judiciales perjudicando a las comunidades de propietarios a la hora de hacer defender sus derechos e intereses en las reclamaciones por defectos constructivos o por cuotas impagadas por las promotoras. Pero también a los inmuebles en régimen de propiedad vertical cuando quieren reclamar por el impago de rentas o alquileres.
Y, en último extremo, también a los propietarios que sufrirán la consecuencia de estas nuevas costas mediante derramas extraordinarias. Lo peor es que, aunque adelanten ese dinero confiando en una sentencia favorable, la experiencia nos enseña que es muy difícil que una sentencia estime en su integridad la demanda, con lo que las costas las asumirá cada parte y no se recuperará el importe de la derrama.
Una posible solución sería que las tasas funcionasen como una fianza, que tuvieran una labor disuasoria de demandas temerarias, que se contemplasen más exenciones de las que ya prevé la propia ley… Pero no somos los legisladores.
Por todo esto, consideramos que la Ley de Tasas promovida por el Ministerio de Justicia vulnera el derecho de igualdad ante la Justicia que deben tener todos los ciudadanos e incluso limita el acceso a la misma, convirtiéndola en una herramienta accesible a los más pudientes, es decir, se convertiría en una Justicia de ricos.
Nueva Junta de Gobierno del Consejo General de Administradores de Fincas
Sólo un par de líneas para felicitar D. Salvador Díez Lloris, como nuevo presidente del Consejo General, y al resto de miembros de la Junta de Gobierno. Les agradecemos que dediquen sus conocimientos y su tiempo en beneficio de todos, Administradores de Fincas y Ciudadanos, pues su labor redunda en mayor calidad de servicio para los propietarios y, por ende, calidad de vida.